Walter Brenes: del mar al bosque, defendiendo tiburones y la víbora Plato Negro en Costa Rica.

Costa Rica es mundialmente reconocida por su biodiversidad y políticas ambientales. Sin embargo, en los últimos años ha surgido una fuerte polémica en torno a la protección de los tiburones en aguas costarricenses. Mientras organismos internacionales consideran a los tiburones especies de vida silvestre amenazada, en Costa Rica han sido tratados legalmente como especies comerciales o “artesanales”, permitiendo su pesca y exportación. Detrás de esta peculiar clasificación subyacen decisiones políticas, intereses económicos –incluso influencias extranjeras– y una intensa lucha legal liderada por ambientalistas como el abogado Walter Brenes. A continuación, exploramos por qué los tiburones quedaron fuera del paraguas de la vida silvestre, cómo factores externos como las relaciones con China han influido en las políticas pesqueras, y de qué manera personas comprometidas están dando la batalla en los tribunales para revertir la situación.

Tiburones en Costa Rica: ¿vida silvestre o recurso pesquero?

En 2017, el Gobierno de Costa Rica emitió un decreto ejecutivo reclasificando a los tiburones: dejaron de ser considerados fauna silvestre para pasar a ser gestionados como meros recursos comerciales pesqueros. Este cambio drástico significó que el Ministerio de Ambiente (MINAE) perdió la rectoría sobre las especies de tiburón amenazadas, y la Ley de Conservación de Vida Silvestre dejó de aplicarse a estos peces. Toda la autoridad pasó al Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca), bajo la Ley de Pesca, enfocada más en el aprovechamiento económico que en la preservación.

Las implicaciones fueron serias: abrir la puerta a la sobrepesca de tiburones, incluida la captura de especies en peligro crítico como el tiburón martillo (Sphyrna lewini). Este decreto –que se impuso vía ejecutiva sin pasar por la Asamblea Legislativa– fue altamente cuestionado por su ilegalidad, ya que en la práctica modificaba una ley mediante un reglamento. Organizaciones conservacionistas y científicos emprendieron una batalla legal que duró años. Finalmente, tras un proceso de ocho años, en 2023 la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia anuló el decreto de 2017, dictaminando que “los tiburones son vida silvestre, declararlos especies comerciales fue un acto ilegal”. El fallo ordenó a Incopesca y al SINAC (Sistema Nacional de Áreas de Conservación) cumplir estrictamente con la Ley de Vida Silvestre en lo referente a tiburones.

No obstante, el Gobierno no acató de inmediato. De hecho, aún después de la sentencia, las autoridades continuaron permitiendo la pesca y comercio de tiburones amenazados. En febrero de 2023 –pocos meses antes del fallo de Sala I– la administración emitió otro decreto (N° 43900-MAG-MINAE) que autoriza la pesca incidental de tiburones, incluso especies en peligro. Este decreto va en contra del espíritu de las resoluciones judiciales previas (incluyendo lineamientos de la Sala Constitucional) según denuncian ambientalistas. Walter Brenes, conocido ya como “el abogado de los tiburones” en Costa Rica, presentó en diciembre de 2023 una acción legal para exigir el cumplimiento de la sentencia de Sala I y suspender el decreto ejecutivo vigente que seguía permitiendo la captura de tiburones martillo. Brenes subrayó que el tiburón martillo se encuentra en estado “crítico, faltando solo un peldaño para pasar a extinto”, y que las autoridades no han hecho los esfuerzos necesarios para protegerlo. La Sala I incluso ordenó incluir a las tres especies de tiburón martillo (Sphyrna lewini, S. mokarran y S. zygaena) en la lista nacional de especies en peligro de extinción, algo que a la fecha de la acción legal no se había implementado. En respuesta, grupos ambientalistas insisten en que proteger a los tiburones finalmente beneficia a la pesca artesanal y a las comunidades costeras a largo plazo, al mantener el equilibrio de los ecosistemas marinos.

El factor China: donaciones y licencias de pesca

¿Por qué un país pionero en conservación relajaría la protección de especies en peligro? Una pieza del rompecabezas apunta a las relaciones diplomáticas y comerciales con China. Desde que Costa Rica estableció lazos con la República Popular China en 2007 (rompiendo con Taiwán), recibió generosos apoyos económicos del gigante asiático. El ejemplo más visible fue la construcción del Estadio Nacional en San José, una obra de $100 millones entregada como “regalo” tras el nuevo alineamiento diplomático. Además, China compró cientos de millones en bonos de deuda costarricense e hizo otras donaciones en años posteriores. Estos gestos han fortalecido los vínculos, pero también han generado suspicacias entre sectores de la población y ambientalistas.

En el tema marino, se ha especulado que la laxitud de Costa Rica frente al comercio de aletas de tiburón podría estar influenciada por dichos lazos con China, principal destino de ese producto. Por ejemplo, se autorizó el tránsito de enormes cargamentos de aletas por territorio costarricense bajo la figura de “reexportación”, provenientes de países vecinos, en aparente contravención de las normativas de CITES. Entre 2023 y 2024, una investigación de la organización CREMA reveló que 12,6 toneladas de aletas de tiburón pasaron por Costa Rica con rumbo a Hong Kong, involucrando la muerte estimada de unos 15.000 tiburones. Incluso encontraron que cerca de 10 toneladas de esas aletas no provenían del país vecino (Nicaragua) sino probablemente de capturas locales encubiertas como reexportación. Este incumplimiento de las regulaciones internacionales fue denunciado ante CITES, señalando que Costa Rica “tolera” o facilita la comercialización de especies protegidas pese a tener leyes internas e internacionales para evitarlo.

Si bien no hay pruebas directas de un acuerdo explícito “donaciones por licencias de pesca”, la coincidencia temporal entre la intensificación de la pesca de tiburones y la llegada de ayudas millonarias de China resulta preocupante para muchos observadores. Autoridades chinas han negado que sus aportes tengan relación con una “compra” de permisos de pesca, pero la influencia política y económica de China en el país es innegable. Esto coloca a Costa Rica en una posición compleja: por un lado, comprometida con la conservación internacionalmente (incluso fue líder en listar al tiburón martillo en CITES en 2013), y por otro, renuente a aplicar esas mismas protecciones internamente, posiblemente para no afectar intereses de exportadores de aletas y mantener buenas relaciones comerciales.

Walter Brenes: el abogado de los tiburones

En medio de este panorama, Walter Brenes Soto se ha destacado como una figura clave en la defensa legal de los tiburones y otras especies. Este joven abogado ambiental (fundador de Energy Law Firm) se ha ganado el apodo de “abogado de los tiburones” por su tenacidad en los tribunales. Brenes ha interpuesto múltiples recursos legales para cerrar las brechas que permiten la explotación insostenible de estas especies marinas. Su estrategia combina la legislación nacional con los compromisos internacionales de Costa Rica, buscando obligar al Estado a respetar las convenciones de conservación.

Una de sus primeras victorias llegó con la mencionada sentencia de la Sala I en 2023, que declaró en peligro de extinción a las tres especies de tiburón martillo y anuló la política de tratarlas como peces comerciales. Al ver la renuencia de las autoridades a acatar el fallo, Brenes continuó presionando: en diciembre de 2023 presentó una demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo para ejecutar la sentencia y frenar la pesca del tiburón martillo. También solicitó la suspensión del decreto ejecutivo que mantenía habilitada la pesca incidental de tiburones protegidos. Estos esfuerzos legales buscan cerrar el paso a excepciones y vacíos que han sido aprovechados para seguir capturando tiburones amenazados bajo la excusa de la pesca artesanal o incidental.

Triunfo reciente: prohibición de exportar cinco especies de tiburón

El trabajo de Brenes y otros activistas empieza a rendir frutos tangibles. En septiembre de 2025, un Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda ordenó suspender la exportación de cinco especies de tiburones catalogados como amenazados o en peligro de extinción. Esta medida cautelar –emitida el 18 de septiembre de 2025– prohíbe al Estado, Incopesca y SINAC continuar autorizando la exportación de productos (aletas, carne) provenientes de dichas especies. La demanda que motivó esta orden fue interpuesta por Walter Brenes, alegando que Costa Rica estaba incumpliendo sus propias regulaciones y compromisos internacionales al permitir ese comercio.

Las especies de tiburón ahora vetadas para la exportación son: el tiburón zorro pelágico, el tiburón zorro común, el tiburón zorro ojón (estas tres pertenecientes a la familia de los tiburones zorro o Thresher sharks), el tiburón sedoso (Carcharhinus falciformis) y el tiburón gris de arrecife (Carcharhinus amblyrhynchos). Todas estas especies enfrentan una elevada presión por pesca. Por ejemplo, el tiburón sedoso y los tiburones zorro han sido incluidos en listas de protección internacionales (CITES Apéndice II) debido a la drástica disminución de sus poblaciones. La orden judicial significa que Costa Rica deberá abstenerse de emitir permisos de exportación para productos derivados de estos tiburones, al menos mientras se resuelve el fondo de la demanda principal.

Las reacciones han sido encontradas. Por un lado, ambientalistas celebran esta resolución como un hito: “Ya Costa Rica no podrá exportar productos de tiburón sedoso ni de tres especies de tiburón zorro”, anunció jubilosamente la organización CREMA al darse a conocer la noticia. Brenes calificó el fallo como una protección necesaria a especies cuya extracción desmedida amenaza la supervivencia de poblaciones locales, y criticó al Ministerio de Agricultura (MAG) por “justificar delitos ambientales” al oponerse a la medida. En efecto, el MAG e Incopesca reaccionaron rechazando la orden judicial, argumentando que afecta el sustento de más de 8.000 personas ligadas a la pesca de tiburón y alegando que Costa Rica cumple con los controles internacionales de CITES para una exportación “responsable”. Las autoridades pesqueras sostienen que la actividad se ha mantenido dentro de la legalidad y que una prohibición total perjudica a pescadores que dependen de estas capturas. No obstante, los conservacionistas responden que sin tiburones no hay ecosistema marino saludable a largo plazo, y que una economía pesquera verdaderamente sostenible debe dejar fuera a las especies al borde del colapso. El tribunal, al menos temporalmente, le ha dado la razón a la conservación sobre la explotación comercial.

Más allá de los tiburones: el caso de la Plato Negro

La lucha de Walter Brenes y otros defensores no se limita a las criaturas marinas. En tierra firme, otra especie emblemática en peligro ha ganado atención gracias a una batalla legal sin precedentes: la serpiente Plato Negro. Conocida científicamente como Lachesis melanocephala (bushmaster de cabeza negra o matabuey negro), esta víbora es una de las más raras y venenosas de Centroamérica, endémica del Pacífico sur de Costa Rica. Se estima que solo existen unos cuantos individuos en la naturaleza; de hecho, en los últimos 20 años solo se han registrado 35 avistamientos confirmados. Su estado de conservación es crítico, lo que motivó un proyecto de investigación y conservación denominado “Melanocephala Project” para estudiar sus hábitos y apoyar su supervivencia.

Ejemplar adulto de Lachesis melanocephala, conocida como víbora plato negro o matabuey de cabeza negra, en la selva de la Península de Osa. Solo habita en ciertas zonas remotas de Costa Rica y está catalogada en peligro de extinción.

En 2021, la empresa de ecoturismo CR Wild obtuvo permisos para estudiar tres ejemplares de Plato Negro en la Península de Osa, colocándoles radiotransmisores para monitorear sus movimientos y biología reproductiva. Sin embargo, surgió un conflicto con las autoridades: a finales de 2022, el Área de Conservación Osa del SINAC ordenó capturar a las tres serpientes y retirarle los radiotransmisores que se les habían implantado. Esta sorpresiva orden llegó después de que el SINAC denegara renovar el permiso de investigación alegando un incumplimiento administrativo, lo que puso en riesgo la continuidad del estudio y, más grave aún, la vida de las serpientes. Expertos veterinarios advirtieron que someter a las víboras a una segunda cirugía para extraer los dispositivos (colocados meses atrás) implicaba un alto riesgo de infecciones e incluso la muerte de los animales.

Ante esa situación, los investigadores recurrieron a la vía legal contenciosa administrativa para salvar a los ejemplares. Walter Brenes asumió también un rol en esta lucha por la Plato Negro a través del Melanocephala Project, coordinando esfuerzos legales para proteger la especie. En julio de 2023, una jueza otorgó una medida cautelar a favor de la vida de las serpientes, suspendiendo la orden del SINAC de capturarlas. En su resolución (N° 395-2023), la jueza Alana Fonseca subrayó la endemicidad y extrema rareza de la especie, y consideró que la investigación científica en curso es valiosa para su conservación futura. Coincidió además con el criterio técnico veterinario: intervenir nuevamente a los reptiles tan pronto sería imprudente y contrario al bienestar de una especie al borde de la extinción. Esta decisión judicial fue una victoria importante para la conservación de la Plato Negro, permitiendo que los ejemplares permanecieran en libertad monitoreada en vez de ser sometidos a procedimientos arriesgados. El SINAC apeló inicialmente, pero en octubre de 2023 el Tribunal de Apelación Contencioso Administrativo rechazó la apelación del SINAC, consolidando la protección de las serpientes y dando un espaldarazo al proyecto científico de CR Wild.

El caso de la Plato Negro sienta un precedente de cómo la sociedad civil y los tribunales pueden intervenir para salvaguardar especies no carismáticas pero ecológicamente vitales. Si bien los tiburones suelen acaparar titulares, esta víbora demuestra que toda forma de vida silvestre amenazada merece atención legal. La combinación de ciencia y derecho resultó crucial: gracias a los datos científicos aportados y a la acción jurídica oportuna, se evitó potencialmente la pérdida de individuos reproductores de una especie críticamente amenazada.

Proyecto de conservación de la Plato Negro, Península de Osa, Costa Rica: Victor Merrella Monitoreando una Plato Negro.

Conclusiones

La historia de los tiburones en Costa Rica –y la del Plato Negro– refleja la tensión constante entre conservación y explotación. Catalogar a animales en peligro como simples “especies artesanales” o recursos comerciales es un retroceso que responde más a presiones económicas que a la realidad científica. Afortunadamente, también pone de relieve el papel de ciudadanos comprometidos y juristas valientes que utilizan las herramientas legales para revertir estas decisiones. El abogado Walter Brenes y otros activistas han demostrado que las leyes ambientales, cuando se hacen cumplir, sí pueden marcar la diferencia para la supervivencia de las especies.

Costa Rica se encuentra en una encrucijada: ¿mantendrá su fama de país verde líder en protección de la naturaleza, o cederá ante intereses de corto plazo? Las recientes victorias legales –como la suspensión de exportaciones de tiburón sedoso y tiburones zorro, y la salvaguarda de la Plato Negro– dan esperanza de un cambio de rumbo hacia la coherencia en las políticas ambientales. Queda claro que los tiburones son vida silvestre y merecen nuestras mismas leyes de protección, por más que sectores económicos influyentes intenten afirmar lo contrario. Asimismo, cada especie endémica en peligro, por poco conocida que sea, es parte insustituible del patrimonio natural tico.

En última instancia, proteger a los tiburones y a la Plato Negro no es solo salvar a estos animales, sino defender la integridad de los ecosistemas marinos y terrestres de Costa Rica. Como país que valora el pura vida, corresponde asegurarse de que esa vida pura –en el océano y en la selva– perdure para las futuras generaciones. Las acciones decididas de la sociedad civil y el cumplimiento riguroso de la ley serán fundamentales para lograrlo.

Fuentes: Costa Rica implementó en 2017 un decreto para reclasificar tiburones que fue anulado por la Corte en 2023; investigaciones de CREMA y Mongabay revelan exportaciones encubiertas de aletas de tiburón y desacato a normas internacionales; China ha brindado donaciones significativas a Costa Rica (ej. Estadio Nacional) coincidiendo con políticas permisivas en pesca de tiburón; Walter Brenes ha impulsado demandas para proteger tiburones martillo y frenar decretos permisivos; un tribunal prohibió exportar cinco especies de tiburones (sedoso, zorro pelágico, zorro común, zorro ojón, gris de arrecife) en 2025 gracias a una acción de Brenes; y una jueza defendió a la serpiente Plato Negro impidiendo su captura por parte del SINAC, consolidado luego por un tribunal de apelación. Estas fuentes respaldan la información aquí presentada y resaltan la importancia de las medidas tomadas para la conservación de estas especies.

 Referencias

• Brenes, W. (2023, diciembre). Abogado pide suspender pesca de tiburón martillo. La Nación.

• Brenes, W. (2025, septiembre). Tribunal prohíbe exportación de cinco especies de tiburón. La Nación.

• CREMA. (2025, septiembre). Tribunal ordena a Costa Rica detener exportaciones de tiburón sedoso y zorro. Centro de Rescate de Especies Marinas Amenazadas.

• La Nación. (2023, agosto). Sala I: Tiburones son vida silvestre, no especies comerciales.

• Mongabay Latam. (2024, marzo). Costa Rica incumple regulaciones de CITES al permitir tránsito de aletas de tiburón.

• Diario Extra. (2024, abril). Costa Rica bajo lupa internacional por reexportación de aletas.

• La Nación. (2011, marzo). Estadio Nacional: regalo de China a Costa Rica.

• La Nación. (2023, julio). Jueza protege tres serpientes Plato Negro de orden de captura del SINAC.

• Onda UNED. (2023, agosto). Tribunal concede medida cautelar para proteger serpientes Plato Negro.

• Repretel Noticias. (2023, octubre). Tribunal rechaza apelación del SINAC: serpientes Plato Negro seguirán libres.